¿Qué cambios conllevará la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE)

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, texto que se centra en los siguientes puntos:
  • rehabilitación de los edificios
  • mayor despliegue de las energías renovables
  • más informes de seguimiento y evaluación de riesgos
  • reducir a cero la venta de coches contaminantes en 2040
  • reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
  • el tratamiento del cambio climático en la educación
 
En el documento también destacan dos fechas y objetivos clave: 2030; la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 23% con respecto a 1990, y 2050; año marcado para alcanzar la neutralidad climática. Durante este tiempo, estas metas podrán ser modificadas en cualquier momento pero siempre al alza, nunca a la baja.
Entrando más en detalle, estos son algunos de los principales puntos en lo que se centra la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética:
 
La rehabilitación de edificios, clave en la eficiencia energética
En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.
Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética.
 
Impulso a las energías renovables
La Ley da un impulso decidido a las energías renovablesque deben alcanzar el 42% del consumo de energía y el 74% de la electricidad. Y ha de reducirse la demanda un 39,5% respecto a la tendencia.
Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, y con el propósito de continuar con la transición hacia una economía descarbonizada de acuerdo con la normativa comunitaria, el Gobierno ha desarrollado un marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata.

Empresas, bancos y reforma eléctrica.
La ley también fija la obligación para las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras de elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad. La idea es que tanto los inversores como los gestores de estas sociedades sean conscientes del impacto que el cambio climático y el proceso de descarbonización tendrá para su actividad.
Además, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tendrán que elaborar cada dos años un informe conjunto sobre el grado de alineamiento del sector financiero con las metas del Acuerdo de París y de la UE, así como una evaluación del riesgo para el sistema. Algo similar tendrán que hacer los operadores estatales del sistema eléctrico y gasista, además de la Compañía Logística de Hidrocarburos.
 
Apuesta clara por el vehículo eléctrico
Entre las principales modificaciones que recoge el nuevo texto figura la creación por parte del Gobierno de una plataforma de información sobre puntos de recarga para garantizar la existencia de estas en las zonas de mayor demanda.
Por otra parte, el Código Técnico de Edificación establece obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes; y las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos, o aquellas que acometan una reforma que requiera revisión de su título administrativo, deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del vehículo sea rápida.
También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas de los buques cuando estén amarrados o fondeados en los puertos de competencia del Estado para el año 2050. Para ello se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones. De igual modo, se establecerán objetivos anuales de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo.
La ley del clima señala que los turismos y vehículos comerciales ligeros y no destinados a usos comerciales reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que para 2040 sean de 0 emisiones. Ese mismo año se dejará de comercializar coches de combustión.

Aumenta el porcentaje económico dedicado a la lucha contra el cambio climático
El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética.
Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
De igual modo, y como parte de la movilización de recursos hacia la acción climática, se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública, y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.
 
Educación y comité de expertos.
La norma también fija la obligación que tendrá el Gobierno de revisar “el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del Sistema Educativo de manera transversal”. El Ejecutivo también “promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales”.
Con la aprobación de la norma se creará “un comité de expertos de cambio climático y transición energética” que deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para la transición. Elaborarán anualmente un informe que será “remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno”.
 
Por último, destacar que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética se alinea también con “El Pacto Verde europeo” -The European Green Deal-, acordado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, que establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y que alcanzará la neutralidad climática en 2050.

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